
El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó una serie de enmiendas legales que podrían significar el fin del anonimato en línea, restringir la libertad de expresión y sofocar la innovación.
Las enmiendas, tituladas oficialmente Ley Federal No. 406-FZ, fueron aprobadas por Putin el 31 de julio y entraron en vigencia de inmediato, con algunas disposiciones programadas para entrar en vigor antes de Navidad de 2023. (Relacionado: el gobierno francés aprueba un proyecto de ley de reforma judicial que amplía enormemente la policía facultades de vigilancia ).
La ley requiere que las personas proporcionen una prueba de identificación verificable antes de obtener acceso a las plataformas rusas en línea. Como parte de esta ofensiva contra el anonimato en línea, los sistemas de correo electrónico extranjeros, como Gmail y Apple, se prohibirán con medidas estrictas que entrarán en vigencia a fines de este año.
El uso de Redes Privadas Virtuales (VPN) sigue estando permitido, pero cualquier contenido que promueva su uso con fines de evasión ahora se considera un acto delictivo.
Además, los servicios de alojamiento de Internet de Rusia requieren un registro estatal y el cumplimiento de pautas estrictas. El gobierno ruso busca mejorar su servicio al cliente y su seguridad; por lo tanto, las empresas de alojamiento ahora tienen la obligación de identificar a los clientes potenciales mediante procedimientos aprobados y son responsables del contenido de sus plataformas.
Estas nuevas regulaciones redefinen los parámetros del compromiso en línea y subrayan un cambio significativo en la ley cibernética de Rusia. Para septiembre de 2024, solo las empresas inscritas en el registro administrado por el estado serán elegibles para su uso por parte de entidades públicas, mientras que el «poder de cómputo» y los «sistemas de información» estarán restringidos.

Las leyes recién aprobadas amenazan la libertad en línea rusa
La nueva legislación, aprobada bajo la Ley Federal No. 406-FZ, tendrá implicaciones de gran alcance tanto para los usuarios de Internet como para las empresas. Podría sofocar la creatividad y potencialmente empujar a los empresarios a abandonar el país.
En lugar de un simple enlace de confirmación o verificación de correo electrónico que se utiliza para el registro de usuarios, los usuarios deben proporcionar información personal extensa a través de sistemas respaldados por el gobierno. Este movimiento socava los fundamentos de la privacidad y el anonimato en línea.
La prohibición de sistemas de correo electrónico extranjeros como Gmail y Apple limitaría el acceso de los usuarios únicamente a los servicios de correo electrónico aprobados por el estado . Esta acción limita las opciones y el acceso a las plataformas de comunicación global.
Si bien los proveedores de VPN no están completamente prohibidos, publicar información en línea que aconseje a los usuarios sobre eludir los mecanismos de identificación aprobados por el estado utilizando herramientas como VPN o Tor se considerará un delito penal. Esto presenta un efecto escalofriante en las discusiones sobre la privacidad y las herramientas para salvaguardarla.
La legislación también somete a las empresas de hospedaje a un estricto escrutinio gubernamental. Esto amenaza la independencia de los servicios de alojamiento y los expone a posibles responsabilidades por el contenido publicado por los usuarios en sus plataformas.
La introducción de estas enmiendas ha hecho sonar las alarmas sobre el futuro del panorama de Internet en Rusia. Los críticos argumentan que estas medidas podrían empujar a los empresarios de Internet a alinearse con la agenda del gobierno o abandonar el país por completo. La represión de la libertad de expresión y la vigilancia invasiva de las actividades en línea amenazan con ahuyentar a los innovadores e inversores.
Además, las nuevas leyes se extienden a las plataformas de agregadores de noticias, lo que podría colocar la libertad de prensa bajo el control del gobierno . Este aspecto ha generado preocupaciones sobre la erosión de la independencia periodística y la capacidad del gobierno para dar forma a la narrativa y la información disponible para los ciudadanos.
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