En los últimos años, España ha estado a la vanguardia de la implementación de políticas ambientales destinadas a mitigar los impactos del cambio climático.
Entre estas iniciativas se encontraba el ambicioso plan de desmantelar numerosas presas y diques en todo el país, supuestamente para restaurar los caudales naturales de los ríos y mejorar la salud ecológica. Sin embargo, las catastróficas inundaciones que azotaron las regiones orientales de España, en particular Valencia, a fines de octubre de 2024, han provocado un polémico debate sobre la eficacia y la previsión de tales estrategias ambientales.
La desaparición de las represas
España, siguiendo las directivas de la Unión Europea y sus propios compromisos medioambientales, se embarcó en un importante proyecto de eliminación de presas. Han circulado informes que sugieren que solo en 2021 se derribaron hasta 108 presas y azudes. Esta medida fue elogiada por los ecologistas porque permite que los ríos fluyan libremente, lo que se cree que es beneficioso para los ecosistemas acuáticos.
En esta campaña ambiental se han destruido presas en toda Europa. En agosto de 2024, se informó que se habían demolido 500 presas en Europa.
“Es sorprendente presenciar otro año récord en la eliminación de presas en los ríos europeos. Se eliminaron casi 500 barreras, lo que pone de relieve el creciente apoyo a la restauración de los ríos para mejorar la seguridad hídrica, revertir la pérdida de la naturaleza y adaptarse a los efectos cada vez más graves del cambio climático”, afirmó Herman Wanningen, director de la Fundación Mundial para la Migración de Peces, socio fundador de Dam Removal Europe.
Los críticos, sin embargo, advirtieron sobre posibles riesgos de inundaciones en áreas previamente protegidas por estas estructuras.
La catástrofe de las inundaciones
Cuando un sistema meteorológico intenso, conocido localmente como DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), desató en Valencia la cantidad de lluvia que se acumula en un año entero en apenas unas horas, los resultados fueron devastadores. El número de muertos ascendió a más de 200, lo que supuso uno de los desastres naturales más letales de la historia reciente de España. Las aguas de la inundación arrasaron puentes, casas y vidas, y los servicios de emergencia tuvieron dificultades para responder a la magnitud de la destrucción.
El juego de la culpa
Después de las inundaciones, rápidamente surgió una teoría que atribuía las inundaciones directamente al cambio climático. Los científicos y los expertos ambientales señalaron que el aire más cálido contiene más humedad, lo que provoca lluvias más intensas. Esta teoría fue apoyada por análisis preliminares que indicaban que el calentamiento global inducido por el hombre hacía que esos fenómenos meteorológicos extremos fueran más probables e intensos. Hay un problema: España ha tenido menos lluvias recientemente.
En medio de este discurso centrado en el clima, ha habido una contranarrativa notable. Los debates en todas las redes sociales han destacado la eliminación de las represas como un factor significativo que exacerbó el desastre. El argumento es simple: sin estas estructuras de control de inundaciones, no había nada para mitigar o gestionar la repentina afluencia de agua de las lluvias torrenciales.
Política y reacción pública
La tragedia ha provocado una bifurcación en las reacciones públicas y políticas.
Los alarmistas ambientales sostienen que, si bien la causa inmediata puede estar relacionada con la eliminación de las represas, el problema general sigue siendo el cambio climático. Abogan por mejores sistemas de alerta de inundaciones, ajustes en la planificación urbana y esfuerzos continuos para reducir las emisiones de carbono a fin de evitar que estos fenómenos se vuelvan más frecuentes o graves.
Los escépticos y críticos sostienen que las políticas ambientales podrían pasar por alto consideraciones prácticas inmediatas como el control de inundaciones en su afán por cumplir los objetivos climáticos. Piden una reevaluación de cómo se implementan las regulaciones ambientales y sugieren que debe lograrse un equilibrio entre la restauración ecológica y la seguridad humana.
El gobierno español, aunque lamenta la pérdida y se dedica a las tareas de recuperación, se enfrenta al escrutinio de sus políticas medioambientales. Se está presionando para que se investigue si la decisión de eliminar las presas se consideró adecuadamente frente a los posibles riesgos de inundaciones.
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FUENTE
cybermedios.org 